La aprobación del proyecto del Nuevo Código Penal atentaría contra los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos a la libre protesta y los derechos de los pueblos indígenas.
Tal y cual se ha venido discutiendo y exponiendo por activistas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, el Nuevo Código Penal constituye una amenaza a las libertades y a los derechos a la salud reproductiva. Ello debido a que continúa criminalizando el aborto incluso en casos de violación sexual.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 a 30% de violaciones resultan en embarazos no deseados. Según el Registro Estadístico de la ENDES, en el Perú, en lo que va del año 2016, se han registrado un total de 13 mil 274 violaciones a mujeres, de las cuales casi un 30% fueron menores de edad y casi un 20% pertenecientes a comunidades indígenas. Las muertes de mujeres por abortos clandestinos constituyen el 13% de las muertes maternas. Al respecto, un informe del Centro de Derechos Reproductivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la OMS se ha pronunciado exigiendo que las mujeres víctimas de violación sexual tengan acceso a un aborto seguro.
Sin embargo, los congresistas que impulsan la nueva norma no quieren tener en cuenta estas cifras y prefieren pasar por alto las recomendaciones de los organismos internacionales. Lo que proponen, en cambio, es sancionar a las mujeres víctimas de violación sexual que decidan abortar con una pena de 50 días de trabajo comunitario.
Por otro lado, la aprobación de este Nuevo Código penal faltaría al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, ya que éstos no han sido consultados durante el proceso de formulación de la norma. También constituye una falta al artículo 5 de dicho acuerdo sobre la protección y respeto a las prácticas sociales y culturales de los pueblos originarios. Ello debido a que no se ha tenido en cuenta un enfoque intercultural para plantear unas sanciones distintas al encarcelamiento. Al formular la norma, tampoco se han tomado en cuenta las facultades jurisdiccionales que poseen las rondas campesinas.
A su vez, esta nueva norma constituye una amenaza a las mujeres y hombres que llevan a cabo acciones en defensa de nuestros territorios, recursos y el medio ambiente, ya que criminaliza aun más el derecho a la protesta social. Tal es el caso del ahora calificado como «delito de extorsión mediante toma, obstaculización o bloqueo de vías de comunicación”. Si dichas acciones de protesta son catalogadas como delitos de extorsión, las sanciones a los ciudadanos que decidan ejercer su derecho a la manifestación pública serán aun más duras.
Por todo esto, diversos movimientos civiles y organismos vinculados a la defensa de derechos humanos piden que el Congreso Peruano debata ampliamente esta norma y escuche y tome en cuenta las observaciones y las demandas de la sociedad civil.
Se espera que el Nuevo Código Penal sea debatido el jueves 26 de esta semana.
En el siguiente enlace podrás escuchar el podcast de Vulvas Subversivas que nos habla sobre el retroceso y el atropello que constituye esta norma para los derechos de las mujeres peruanas.
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