Por Katz
“Ni Golpes de Estado, Ni Golpes a las Mujeres”, se titula el informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos del gobierno de Dina Boluarte en Perú desarrollado por la Delegación de Feministas Plurinacionales de Abya Yala. Parte de este informe fue presentado el sábado 11 de marzo en Lima, previo a la marcha por el día de la mujer que diversas organizaciones y colectivas feministas capitalinas, en coordinación con el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú, planificaron bajo el lema “Ninguna mujer con Dina, ninguna disidencia con esa asesina”. El objetivo de la delegación internacional feminista es presentar su informe final a instancias internacionales de derechos humanos.
Fueron un total de 20 mujeres del movimiento feminista global, procedentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Suiza, quienes llegaron a Perú en la semana del 8 de marzo de 2023 para reunirse con organizaciones de base, de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos, personas encarcaladas y familiares de víctimas de la represión, para recabar información sobre los múltiples casos de vulneración a los derechos humanos durante el estallido social que vive el Perú desde Diciembre de 2022.
“La delegación vino a acuerpar a quienes están enfrentando la brutal represión al pueblo, desatada por el golpe de Estado de la oligarquía peruana y los poderes transnacionales. Constatamos que el golpe de Estado en Perú, que colocó a Dina Boluarte como presidenta de facto es la violenta reacción del poder para defender sus intereses políticos, económicos, culturales que se sintieron amenazados tras la llegada al gobierno de un “indio”, como caracterizaron a Pedro Castillo”, dice uno de los primeros fragmentos del informe que fue leído por Natalia Di Marco, integrante de Feministas del Abya Yala de Córdoba (Argentina).
«No había modo de hacer un relato escrito que pudiera transmitir la lucha que vimos en todas las.compañeras con quienes hablamos», mencionó Claudia Korol, comunicadora feminista también de Argentina.
Entre los casos de violación a los derechos humanos recogidos por la delegación, están el de la profesora Yaneth Navarro, del pueblo Chanka, madre de tres y gestante, a quien se le ha impuesto prisión preventiva bajo argumentos machistas, pues se le acusa de no tener arraigo debido a que la jueza consideró que abandonó a sus hijos para participar en las protestas. También el de las 7 personas detenidas en Ayacucho en diciembre de 2022, quienes fueron trasladadas a Lima en helicóptero luego de haber sido llevadas a la base militar “Los Cabitos”, donde se torturaron y desaparecieron a personas durante el conflicto armado interno de los años 80s, reviviendo heridas profundas del pueblo ayacuchano.
“Desde Andahuaylas nos contaron sobre los asesinatos a quienes protestaban y a quienes sólo miraban. Es muy claro el plan perverso, de terror, que ha cometido estos crímenes. La policía es quien dispara, y al disparar pone en función esa orden de la dictadura”, mencionaron.
Del mismo modo, resaltaron el caso de los cuatro jóvenes quechuas de Cuyo Grande (Cuzco), quienes tienen prisión preventiva y han visto su salud mental deteriorada al punto de uno de ellos intentar suicidarse. Alertaron sobre la persecución que sufren los y las dirigentes sociales, y condenaron el asesinato del dirigente Remo Candía, presidente de la Federación Campesina de la provincia de Anta, quien fue disparado por francotiradores y a quien el hospital no prestó atención inmediata. Calificaron este trato de las instituciones de salud como discriminatorio.
Según la delegación, recibieron un registro de 90 personas asesinadas, pero el registro oficial de asesinados es menor.
“Hay que gritar claramente que Perú está viviendo una dictadura”, dijo Susana Pacari, comunicadora social quechua de Bolivia durante la presentación.
La delegación también mencionó el terruqueo como un mecanismo del que se sirven los medios y la dictadura para difamar a quienes protestan y el uso de narrativas racistas para implantar miedo y deslegitimar las demandas de la ciudadanía. “La violencia política viene de la mano de una perspectiva fundamenltalista y conservadora, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales y precarizando aún más la vida”, citaron.
Concluyeron que los asesinatos por la represión policial y de las fuerzas armadas en las masacres de Puno, Ayacucho y Huancavelica constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que todos los autores del golpe de Estado tendrán que ser juzgados.
Reiteraron su apoyo a las organizaciones, colectivas y personas comprometidas con la lucha por justicia y dignidad del pueblo peruano, y la importancia de seguir fortaleciendo las redes y tejidos de resistencia en todo el territorio del Abya Yala. «La única lucha que se pierde es la que se abandona», expresó Claudia Korol.
Puede ver la presentación de este informe preliminar en la siguiente transmisión en vivo del medio comunitario Wambra de Ecuador:
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Fotos de portada y cierre de CM / Radio Bomba
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