Opinión: ¿De qué nos quejamos cuando hablamos de educación?

El colegio Nuestra Señora de Fátima es una escuela pública en el asentamiento humano Barrio Nuevo de Puerto Maldonado. Sus 320 alumnos matriculados no iniciaron hoy el año escolar como estaba programado en todos los colegios del país.

Desde hace 2 años se trasladaron a unas aulas de emergencia porque se estaba construyendo una nueva infraestructura, pero las obras se encuentran paralizadas desde ese entonces -luego de un problema judicial entre la constructora y el Gobierno Regional- y lo único que tienen son unas aulas totalmente deterioradas donde no entran más de 25 niños pero que recibirán a cerca de 40 por cada sección. Además, se han utilizado las casas y depósitos de los vecinos como salones y todos los días los profesores salen en busca de un espacio en los alrededores que les pueda ser cedido para implementar otra aula -una cochera, un patio, etcétera-.

Les han dicho que ya se aprobó el presupuesto por lo que tienen que esperar a que se haga la transferencia desde el Ejecutivo y recién podrán restaurar un poco las aulas de emergencia que están usando mientras terminan la obra de la nueva infraestructura. No tienen una fecha para ello, las autoridades comentan que en pocos días se podrá iniciar el año escolar allí, que ya se están haciendo las “coordinaciones” para los arreglos -recién en la semana de inicio de clases-, pero los profesores creen que es muy probable que todo el año escolar lo pasen en estos espacios deteriorados donde los estudiantes se sancocharán de calor cuando la sensación térmica llegue a los 40 grados como suele llegar desde el mes de julio en adelante.

 

escuela
Baño del Colegio Nuestra Señora de Fátima, totalmente colapsado, que seguro será usado por los 320 niños y adolescentes durante el resto del año.

 

¿Qué podemos esperar de niños que reciben una educación en un espacio indigno y humillante como éste? ¿Cómo podemos hablar de desarrollo si a cientos de niños y maestros se les trata de manera inhumana?

Mientras tanto, la única agenda del Gobierno Regional parece ser la derogatoria de decretos que regulan la minería informal e ilegal, mostrando una dejadez e incompetencia que debería ser un delito.

Esto es “meterse con los niños”, esto es violentarlos, humillarlos. En vez de estar marchando por huevadas, deberíamos indignarnos por este tipo de cosas que suceden en decenas de escuelas del país donde la realidad demuestra que para el Estado algunos peruanos valen menos que otros. Tantos meses y billetes invertidos en una campaña de odio ante un currículo un poquito más inclusivo que los anteriores, mientras las verdaderas injusticias siguen ahí destruyendo los sueños de los más chicos.

Por A.O.S.

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